En plena campaña electoral y a la espera de la inminente sentencia del Tribunal Supremo, se acumulan inquietantes síntomas que parecen preludiar un estallido de las tensiones acumuladas tras el fracaso de la vía unilateral a la independencia.
Existe la percepción más o menos generalizada de que la inminente sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas cerrará la fase unilateral del movimiento secesionista que arrancó con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d’Autonomia (2011). De hecho, tras la fallida proclamación de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la detención y huida al extranjero de los líderes independentistas, la política y la sociedad catalana se ha instalado en un tenso compás de espera mientras se aguarda el fallo judicial.
Este periodo, bajo la presidencia vicaria de Quim Torra, se ha caracterizado por la creciente división del movimiento independentista entre un vector posibilista, liderado por ERC, y otro fundamentalista, encabezado por Torra y el expresident Carles Puigdemont. No obstante, la descarnada pugna por la hegemonía política en el interior del movimiento secesionista se ve atemperada por la pulsión hacia la unidad en respuesta a la sentencia y por la presión de los guardianes de la ortodoxia prestos a tildar de traidores a aquellos que muestren la menor desviación del programa máximo secesionista.
Todo ello impide que el movimiento independentista haya realizado una autocrítica explícita de los numerosos errores cometidos en la etapa unilateral e incluso reconocer que ésta ha fracasado, como se expresa en la absurda consigna “ho tornarem a fer”. Esto ha conducido a un vacío estratégico a la hora de diseñar una estrategia alternativa a la vía unilateral; aunque, sin plantearlo abiertamente, desde ERC se propugna que ahora se trata de acumular fuerzas para ampliar la base social del movimiento que obligue tanto al Estado español como a las instancias europeas a negociar un referéndum de autodeterminación.
La combinación entre la campaña electoral y las reacciones a la inminente sentencia no favorecen precisamente un clima político y social tendente a rebajar las tensiones entre los ejecutivos español y catalán ni en el interior de la sociedad catalana, profundamente fragmentada. Las detenciones de los CDR, que presuntamente estaban preparando atentados con explosivos entre el segundo aniversario del 1 de octubre y la fecha de la sentencia, han introducido un nuevo elemento en este crispado panorama. El movimiento secesionista en su conjunto ha cometido un gravísimo error al atribuir a un montaje el operativo judicial y policial, vinculando su suerte a un grupúsculo surgido de los CDR, cuando no puede descartarse que efectivamente estuviesen preparando acciones violentas. La frustración generada por el fracaso de la vía unilateral, la ausencia de una hoja de ruta alternativa para alcanzar la independencia y la sensación de engaño en los sectores más radicales del movimiento respecto a unos líderes que no se atrevieron a ir hasta el final, son el caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de grupos de esta naturaleza.
El movimiento independentista ha construido un relato de una elevada coherencia ideológica, pero que a menudo choca con la realidad. Así se afirma que el Estado español no es democrático y no existe separación de poderes, a despecho que la justicia española ha llevado a prisión desde al cuñado del Rey hasta importantes dirigentes corruptos del PP. También se arguye que el movimiento está sufriendo una represión generalizada cuando la Generalitat está gobernada por independentistas o los numerosos medios de comunicación de esta ideología difunden sin problemas sus ideas, algo impensable en una dictadura. La eventualidad que del movimiento independentista surja un grupo que presuntamente preparase acciones violentas cuestiona el carácter cívico y pacífico del movimiento. Por tanto, como indicó Hannah Arendt en su análisis sobre el “nacionalismo tribal”, cuando en estos movimientos se produce una contradicción entre la ideología y la realidad siempre se impone la primera. Así que, por el imperativo de la coherencia ideológica, se niega la posibilidad de la existencia de un grupúsculo que preparase atentados con explosivos; incluso, aunque se vayan acumulando indicios en sentido contrario.
Segundo aniversario del 1 de octubre
La defensa acrítica de los CDR detenidos y en prisión provisional ha reforzado la tendencia del PSOE a endurecer su posición respecto al independentismo. Una deriva que se ya apreciaba con anterioridad, pero que ahora ha adoptado carta de naturaleza. En plena campaña electoral, Pedro Sánchez es consciente de que la derecha españolista utilizará la crisis catalana como uno de sus principales arietes electorales. La derecha españolista, sin respetar la presunción de inocencia y aprovechando el grave error del movimiento independentista de no desmarcarse de los CDR detenidos, se ha apresurado a vincular terrorismo e independentismo. Esto ha conducido a que Sánchez se haya mostrado decidido a volver a aplicar el artículo 155 e, incluso, la Ley de Seguridad Nacional para evitar que la derecha capitalice el voto españolista.
Por otra parte, Ciudadanos, primera fuerza política en el Parlament de Catalunya y en horas bajas en los sondeos electorales, ha planteado una moción de censura propagandística con el objetivo de contener su declive electoral y que contribuirá a crispar aún más a la sociedad catalana. Esto ya pudo comprobarse en la bronca del último pleno de la cámara catalana, donde por cierto volvió a mostrarse el seguidismo de los Comunes respecto al independentismo al votar la moción que reclamaba la puesta en libertad de los CDR en prisión provisional y avalando la tesis del montaje policial.
En este contexto enrarecido se celebró el segundo aniversario del 1 de octubre. A diferencia del año pasado, con numerosos cortes de carreteras y vías férreas del AVE en Barcelona y Girona, ahora se realizaron movilizaciones con una serie de performances simbólicas, tan queridas al movimiento independentista, y pacíficas, excepto por la agresión a una periodista de TV5. Como ya se apreció en la pasada Diada, ha descendido su capacidad de movilización, acaso por el hartazgo de tantas convocatorias, la falta de perspectivas estratégicas y la división de las formaciones separatistas. Ahora bien, no podemos descartar que los dirigentes independentistas estén reservando fuerzas para convocar grandes movilizaciones en respuesta a la sentencia, que desde hace meses están calentando los medios públicos de comunicación de la Generalitat y privados afines generosamente subvencionados.
En los parlamentos de estos dirigentes con motivo del segundo aniversario del 1 de octubre se observaron ciertos matices discursivos. Así no se mencionó el supuesto “mandato popular” para implementar la República catalana, sino que se aludió al “espíritu del 1 de octubre”, como momento “fundacional” de la imaginaria República y a la necesidad de realizar otro referéndum de autodeterminación reconocido internacionalmente. Ciertamente, resultaba muy difícil mantener el mantra del “mandato popular” cuando los mismos observadores internacionales, convocados y pagados por la Generalitat, afirmaron que la consulta no había reunido las mínimas garantías democráticas para validarla y, lo que es más grave, solo participó el 43% del censo electoral.
Los líderes del movimiento secesionista quisieron dar una imagen impostada de unidad, orillando sus profundas diferencias, y con la consigna de una “desobediencia civil masiva” como respuesta mágica a la sentencia. Sin embargo, más allá de reacciones inmediatas que sin duda pueden ser masivas, difícilmente se prolongarán indefinidamente en el tiempo. Todo ello con la espada de Damocles de contundentes medidas represivas del gobierno español, si estas reacciones comportasen serios problemas de orden público, otorgando al PSOE el pretexto para trasladar una imagen de firmeza frente al desafío soberanista.
Jornadas convulsas
La confluencia de este conjunto de factores configura una especie de tormenta perfecta en que concurren todos los elementos para generar una situación explosiva en Catalunya en las jornadas posteriores a la sentencia del Supremo. En sentido contrario, también se predijo que la aplicación del 155 provocaría un incendio en el país sin que se cumplieran estos pronósticos catastrofistas. Por tanto, resulta extraordinariamente difícil realizar previsiones mínimamente solventes al respecto cuando se aprecian elementos para avalar ambas posibilidades.
En cualquier caso asistiremos, en este mes de octubre y hasta la celebración de los comicios repetidos del 10 de noviembre, a jornadas convulsas en las que ciertamente planeará el peligro de un estallido social y político en Catalunya.
No se atisba en el horizonte inmediato ningún factor que invite al optimismo, en el sentido de aminorar las tensiones políticas y sociales acumuladas en la sociedad catalana con todos los puentes de diálogo rotos y sin propuestas de transacción ni por parte del ejecutivo español, ni del catalán. Y donde, entre las clases medias catalanohablantes, formateadas ideológicamente durante el pujolismo y base social del movimiento secesionista, ha cristalizado una suerte de comunión identitaria en torno a la reivindicación maximalista de la independencia que se prolongará por un largo periodo.
Acaso, sea un tránsito necesario e imprescindible que se produzcan estas convulsiones para que a ambos lados del Ebro se imponga un mínimo de racionalidad y se abra un proceso de diálogo para hallar alguna solución política al largo conflicto. Aunque, de la experiencia de estos años de proceso soberanista, se desprende que siempre se ha acabado imponiendo el peor de los escenarios posibles.
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